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Abstract
Open pit mining and environmental standards in San Juan shared basin (Nicaragua-Costa Rica), from a Legal Perspective.
A la confluencia de una geografía, siempre caprichosa, y del derecho, mucho menos caprichoso, nos encontramos ante un polémico proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en la zona norte de Costa Rica (Las Crucitas), de la empresa canadiense Infinito Gold. Este proyecto se sitúa en un punto fronterizo con Nicaragua caracterizado por altas precipitaciones y en directa relación hidrográfica con la cuenca internacional del Río San Juan. Se trata de una zona con características peculiares propias del trópico húmedo en la que se pretendía ubicar este proyecto (que se hubiese convertido en el más grande proyecto minero metálico a cielo abierto en Centroamérica). Esta información científica no fue debidamente incorporada en los estudios de la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) de Costa Rica o de la misma Empresa Infinito Gold, exponiéndose así a Costa Rica, como Estado, a las reglas y regulaciones internacionales en la materia. A nivel nacional, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) nunca fue solicitado para realizar un estudio de campo sobre las aguas subterráneas en esa zona, y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la SETENA se basó en un estudio del 2002 cuando el proyecto tenía una profundidad de 15 m, mientras que le proyecto “ampliado” (en diciembre del 200/) conlleva profundidades de hasta 65 m. El proyecto se encontraba suspendido temporalmente debido a varios recursos presentados ante la Sala Constitucional de Costa Rica después de la publicación en la Gaceta Oficial de un no menos polémico Decreto Ejecutivo (firmado el 13 de octubre del 2008 por el Presidente de Costa Rica Oscar Arias Sánchez y su Ministro del Ambiente, Roberto Dobles) que declara este proyecto “de interés público y conveniencia nacional”. En una polémica decisión del 16 de abril del 2010, la Sala Constitucional rechazó los recursos presentados, dado luz verde al proyecto minero. Recursos pendientes presentados ante el Tribunal Contencioso Administrativo lograron suspender el proyecto, en una contundente decisión dictada por este órgano de justicia en noviembre del 2010. No obstante, el proyecto Crucitas fue mencionado en distintas ocasiones por Nicaragua, tanto en el plano bilateral, como en sus contiendas contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia.