Gobernanza de los recursos hídricos en Chile reducción de la brecha regulatoria

Abstract

Se propone una reseña del avance en el ámbito legal en materia de recursos hídricos en la última década en Chile, y como ello contribuye a reducir la brecha regulatoria e institucional (brecha de políticas) respecto a la Gobernanza de los Recursos Hídricos.
Con ese propósito se explicita que la gobernanza del agua, cuando no es fiel a su principal vocación, cual es propender a la gestión sostenible del agua o a la seguridad hídrica, tiende a traducirse en uno de los focos principales de la crisis del agua, tanto o más que el desbalance hídrico que resulta del aumento de la demanda (básicamente a consecuencia del crecimiento económico y demográfico) y de la variabilidad climática y los efectos del Cambio Climático en la oferta hídrica.
En razón de lo anterior, se hace mención al enfoque de brechas en la gobernanza de los recursos hídricos, pasándose a explicar que la denominada brecha de políticas (brecha regulatoria e institucional) se ha considerado en Chile, y en la mayoría de los países de América Latina, como el principal factor que obstaculiza la adecuada gobernanza de los recursos hídricos y la consecuente gestión sostenible del agua. Ello, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, donde el foco de la brecha de gobernanza del agua reside en la falta de financiamiento estable para el desarrollo e implementación de las políticas del agua. Complementariamente, se describe las principales características de la brecha de políticas para el caso de Chile, pasando a reseñar algunos de los principales avances en la reducción de la brecha regulatoria en la última década. Para este efecto, se utilizan tres proyectos de ley, donde solo uno de ellos ya es ley de la República (2018), mientras otro recién ha comenzado su tramitación legislativa, luego de largos años de discusión pre legislativa y, finalmente, el tercero, que es el que más debate ha concitado y que lleva diez años en discusión, se encuentra próximo a concluir su tramitación. Todo lo anterior ocurre en un contexto de alta sensibilidad respecto al debate del agua, que ha ocupado un lugar relevante en los albores de la discusión de la recientemente electa Convención Constituyente, encargada de proponerle al país una nueva Constitución para que sea plebiscitada